Los mismos fueron cometidos en la ciudad de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. A pesar de estar detenido en la cárcel de Ezeiza, Avalle lideraba una asociación ilícita mediante llamadas telefónicas y el uso de teléfonos celulares, impartiendo órdenes para coordinar la actividad criminal de su organización.
Entre los crímenes más destacados que se le imputan, se encuentran los homicidios de Miguel Roulin, Ricardo Américo Carrizo y Osvaldo Maximiliano Zalazar, así como ataques a diversos objetivos, como comercios, domicilios, instituciones educativas, sindicatos y medios de comunicación, incluidos el Grupo Televisión Litoral y la sede de la UOCRA.
La Fiscalía destacó que, desde su confinamiento, Avalle actuaba como el líder de la organización, usando la violencia y la intimidación para obtener poder económico y controlar el territorio. Esta sentencia, dictada tras un acuerdo abreviado entre la Fiscalía y la Defensa, representa un mensaje claro sobre la firmeza de la Justicia en la lucha contra el crimen organizado y su determinación para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.